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Cannabmed | POLITICAS DE DROGAS
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Consideraciones legales y prácticas sobre un eventual programa de cannabis medicinal en Catalunya.

Como contextualización

Cada semana que pasa hay más países en el mundo que ponen en marcha programas de cannabis medicinal en que, bajo control médico, las personas enfermas disponen de cannabis herbal o de productos basados ​​en cannabis que no necesariamente han sido desarrollados por la industria farmacéutica. El primer programa de cannabis medicinal se inició en el Estado de California en 1996, cuando, tras un referéndum, el gobierno de California legalizó el cannabis con fines terapéuticos. Hoy día, ya hay más de 25 Estados norteamericanos que cuentan con legislaciones específicas que permiten el uso médico del cannabis y numerosos países como Canadá, Países Bajos, Finlandia, Italia, Alemania, Israel, Uruguay o Macedonia, entre muchos otros , cuentan con programas de cannabis medicinal de los que se benefician millones de pacientes (sólo en EEUU hay registrados en estos programas más de un millón de pacientes). Se trata de programas gubernamentales que discurren por un circuito paralelo al de la prescripción de productos farmacéuticos basados ​​en cannabinoides y desarrollados por la industria farmacéutica.

El primer gobierno europeo que inició un programa de cannabis medicinal fue el de Países Bajos, en el 2003. El gobierno holandés concedió a una empresa (Bedrocan) la gestión del cultivo de cannabis herbal que, desde entonces, se vende bajo prescripción médica, en las farmacias holandesas. Se trata de diferentes variedades de cannabis, con diferentes ratios estandarizados de THC y CBD (los principales cannabinoides con propiedades terapéuticas presentes en la planta), que se dispensan en botes de 5gr. y que cumplen con los criterios de fabricación de acuerdo a GMPs (Buenas prácticas de Manufactura, por sus siglas en inglés), de tal manera que cumple con el rigor farmacéutico para poder ser prescrito por un médico de acuerdo a posologías individualizadas y dispensado en farmacias. Muchos países de la Unión Europea que tienen programas de cannabis medicinal importan de Holanda el cannabis medicinal de Bedrocan; pero otros, como Alemania, han concedido sus propias licencias a empresas del sector para que sean éstas las que produzcan el cannabis que se dispensará en las farmacias. A continuación, se explican las bases legales por las que este tipo de programas de cannabis medicinal se encuadran dentro del marco de las legislaciones internacional y nacional.

 

El cannabis medicinal: una realidad internacional

El cannabis es una planta que cuenta con una larga historia de uso medicinal. Durante el siglo XIX, y hasta entrado el siglo XX, el uso medicinal de los preparados farmacéuticos del cannabis estaba muy extendido, existiendo, concretamente en España, decenas de productos de producción tanto local como desarrollados por las principales compañías farmacéuticas de la época (Roig, 1996).

En la Convención Única de 1961 de Naciones Unidas sobre estupefacientes, en la que se incluye al cannabis, los usos lícitos de los mismos quedan restringidos a fines médicos y científicos. El Estado español ratificó dicho convenio en la Ley de Estupefacientes de 1967, aún vigente, en la que, se dice textualmente en el artículo 22: “No se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados de acuerdo a esta Ley “(Ley 17/1967). Aunque en la Convención de 1961 se reconoce que “el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor y que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin” (ONU , 1961), complejas casuísticas de tipo sociopolítico hicieron que pasaran muchos años hasta que los Estados comenzaran a permitir de nuevo el uso del cannabis con fines médicos. Incluso hoy en día “la OMS calcula que, anualmente, decenas de millones de personas sufren enfermedades, dolor de moderado a grave y, en última instancia, mueren, debido a la falta de acceso a medicamentos fiscalizados” (OMS , 2012).

El Convenio de 1961 se entiende por cannabis “las sumidades, floridas o con fruto, de la planta del cannabis (a excepción de las semillas y las hojas no unidas a las sumidades) de las que no se ha extraído la resina, sea que sea el nombre con que se las designe “. Esta es la razón por la que los gobiernos pueden desarrollar programas de cannabis medicinal facilitando el acceso a la planta o a algunos de los muchos derivados que hoy en día se obtienen de ella sin necesidad de cumplir con los procesos exigibles al desarrollo de medicamentos basado en la realización de ensayos clínicos.

 

Antecedentes en Catalunya

El debate sobre el cannabis para uso terapéutico en Cataluña comenzó hace 18 años, en el año 2000, impulsado por la Asociación catalana de mujeres afectadas de cáncer de mama (Grupo Ágata). El 25 de abril de 2001 el Parlamento de Cataluña aprobó una proposición no de ley, firmada por todos los grupos parlamentarios, en la que se instaba al Consejo Ejecutivo “a hacer las gestiones necesarias para que se autorice el uso terapéutico del cannabis”.

En marzo de 2001 el Departamento de Salud publicó un boletín de información terapéutica llamado: Uso terapéutico del cannabis (marihuana) y sus derivados. La redacción del documento fue responsabilidad de la fundación Instituto Catalán de Farmacología y los autores Joan-Ramon Laporte y Montserrat Bosh. Este documento fue una referencia en su momento, pero ha quedado obsoleto después de tantos años y no es nada accesible por Internet.

A mediados de 2002 desde la asociación Ágata se reconocía que el esfuerzo había sido fútil: “Si por un lado ha sido un gran éxito conseguir el consenso de todos los grupos parlamentarios catalanes, la realidad a día de hoy nos demuestra que en la práctica los enfermos de cáncer sometidos a quimioterapia no reciben ni tienen la información necesaria para acceder al uso terapéutico del cáñamo y que quien tiene la suerte de tener la información debe encontrarlo por vías no legales “.

El Marzo de 2004, Rafael Manzanera, el entonces director general de Recursos Sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Generalitat, presentó públicamente un plan piloto para dispensar cannabis importado de Holanda en las farmacias catalanas. Junto con la Consejera Marina Geli (PSC) dijeron que antes del verano de ese mismo año se podría poner en marcha. El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona dijo que 600 farmacias participaban en programas preventivos de dispensación de metadona y que se ofrecían para formar parte de este plan.

También ese año 2004, se organizó una jornada en el Colegio de Médicos de Barcelona con el título “el Uso terapéutico del cannabis”. Sobre la “dispensación de cannabis en el sistema sanitario”, Rafael Borrás, farmacéutico y el entonces vocal de Farmacología y Drogodependencias del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, ​​explicó que dispensar el cannabis en las farmacias y con prescripción médica supondría “un paso hacia a la normalización y la reducción de riesgos “. Por último, Joan Serra, subdirector general de Farmacia y Productos Sanitarios de la Generalitat de Cataluña, habló de los aspectos legales del cannabis terapéutico.

En enero del 2005 Marina Geli anunció un acuerdo con el Ministerio de Sanidad según el que “cuatro hospitales y 60 farmacias catalanas dispensarán ‘cannabis’ con receta”. La consejera dijo que el plan “comenzará a aplicarse durante el primer trimestre de 2005 […]. Ya tenemos cerrado un acuerdo con el Ministerio de Sanidad pero todavía estamos pendientes de firmar el convenio “.

En 2005 se hizo una revisión del contenido del material “Uso terapéutico del cannabis marihuana y sus derivados “, de 2001, pero esta versión sólo se puede encontrar en la página web de la UAB, Fundación Instituto Catalán de Farmacología.

También en la página web del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona se puede encontrar información relativa al cannabis terapéutico, compilada por Rafael Borràs. En este caso la presentación es más correcta, pero el contenido es introductorio y no está actualizado desde hace tiempo.

En verano de 2005 Marina Geli presentaba un nuevo programa piloto donde el protagonista ya no era el cannabis medicinal en forma herbal sino “un extracto de cannabis” elaborado por la industria, es decir, el Sativex. Este producto sería administrado a personas con enfermedades crónicas, que no respondían a otros tratamientos, como esclerosis múltiple o dolor neuropático, y en mujeres en tratamiento oncológico en seis hospitales públicos durante un año y medio. La Consejera anunció que a partir de 2007, una vez hubieran los resultados, se determinarían las acciones políticas a seguir. El estudio tuvo un coste de 500.000 euros y se llevó a cabo con la colaboración del Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS).

En la primavera de 2008, la Consellera Geli anunció que según el estudio el Sativex era eficaz pero que sólo se podría dispensar por la vía compasiva. también entonces anunció que el Departamento de Salud editaría un boletín de información terapéutica para que los médicos, especialmente oncólogos y neurólogos, tuvieran información sobre el fármaco como alternativa terapéutica, pero no como primera opción. Sativex es un producto de GW Pharmaceuticals y desde entonces, lo comercializará en Europa laboratorios Almirall.

Finalmente, en verano de 2010 la AEMPS autorizó el Sativex para la espasticidad asociada a la Esclerosis Múltiple

En 2012 el Departamento de Salud inició un proceso de regulación de las asociaciones cannábicas. En ese momento, en Cataluña, ya existían más de 450 entidades como esta. Según los datos de las mismas federaciones cannábicas aproximadamente un 6% de sus miembros asociados lo son por “motivos terapéuticos”. Si tenemos en cuenta que estas entidades tienen entre 500 y 2.000 miembros asociados, podríamos inferir que los CSC han absorbido a una parte importante de la población que consume cannabis para motivos de salud. Y, no se puede dejar fuera del retrato al amplio colectivo de personas que autocultivo la planta y, por tanto, no tienen necesidad de aprovisionarse en un CSC.

El verano de 2014, el entonces Consejero de Salud, Boi Ruiz anunció que había iniciado los trámites para regular el uso del cannabis con fines terapéuticos. La intención era diferenciar ! 6 La regulación del cannabis terapéutico de la ordenación de las asociaciones de autoconsumo: “No puede ser que un paciente tenga que ir a un club de cannabis porque yo no he estado capaz de regular este asunto “.

El proceso iniciado por el Departamento de Salud culminó casi tres años más tarde, el 15 de enero de 2015, con la resolución parlamentaria por la que se aprobaron los criterios en materia de salud pública para orientar las asociaciones cannábicas y sus clubes sociales y las condiciones del ejercicio de su actividad para los ayuntamientos de Cataluña. (SLT / 32/2015 del Departamento de Salud). El abogado del Estado recurrió la resolución y, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la anuló en febrero de 2017. El TSJC no lo hizo por motivos relacionados con el conflicto de competencias sino que dictó que la Generalitat “no ajustó la elaboración de la norma reglamentaria al procedimiento legalmente dispuesto para ello “, tal como se indica en la Ley de Régimen Jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. En este sentido, la normativa indica que la aprobación de un reglamento debe hacerse por una orden del consejero correspondiente y por un acuerdo del Gobierno.

Los representantes del movimiento cannábico mucho antes de que se produjera el pronunciamiento del TSJC, desencantados con la poca fuerza de la resolución parlamentaria, iniciaron el proceso de una iniciativa legislativa popular, llamada, en este caso, “La Rosa Verde”. Esta propuesta buscaba sacar los CSC de la ambigüedad legal en la que se mueven. Desde su inicio, el texto contemplaba que una de las tipologías de socio / miembro de los CSC son los que van “por motivos terapéuticos”. Tras conseguir 56.000 firmas de ciudadanas de Cataluña, el Parlamento debatió y aprobó por unanimidad la ley, a excepción del PP y el diputado G. Gordó, en junio de 2017.

En el articulado final de la ley, se dice “El consumo de cannabis por parte de adultos, en el ámbito privado, ya sea por motivos lúdicos o por motivos terapéuticos, es una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la libertad de conciencia y de disposición del propio cuerpo, y también del derecho a la salud y a elegir las terapias y los tratamientos más adecuados al estado de salud de cada persona. “Y la expresión “motivos terapéuticos” aparece hasta 8 veces más a la ley. En el artículo 27, dice “Las asociaciones de consumidores de cannabis que tengan asociados que necesitan consumir la sustancia por motivos terapéuticos deben tener los servicios especializados necesarios y ponerlos a disposición de estos asociados en la forma y condiciones que se determinen “. La misma ley contempla que será una “infracción grave” no disponer de la anterior.

 

Problemáticas y potenciales respuestas que acompañan al colectivo de personas

Fruto de los debates, investigación y trabajo comunitario realizado desde 2016 con el colectivo de personas que consumen cannabis por motivos de salud hemos podido determinar algunas de las situaciones que más conflicto les generan.

 

Vulnerabilidad Legal

El problema principal es la situación ilegalidad del cannabis. Esto implica que existe sembpre el riesgo de ser multado, detenido y encarcelado (Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal). Existe un peligro al viajar con la medicina. Además, las multas relacionadas con la Ley de Tráfico implican, como mínimo, 1.000 Euros y la retirada de 6 puntos del carné. También, se puede llegar a poner en riesgo la custodia de los hijos, ser expulsado / a de una unidad de dolor, el miedo a sanciones laborales, etc.

En relación a los Clubes Sociales de Cannabis hay incertidumbre legal y sanitaria. Los CSC no son un modelo de acceso para todas las personas para que su aureola de clandestinidad frena a acercarse. Además, a pesar de que ofrecen más garantías de calidad que el mercado ilícito no pueden (debido, principalmente, al marco legal) comprometerse el control de calidad exhaustivo ni a la continuidad de stocks, etc.

Para corregir esta situación, hay que avanzar hacia:

– El diseño y puesta en marcha de un programa de acceso al cannabis terapéutico en Catalunya dar una salida del mundo clandestino al colectivo afectado.
– Un espacio dirigido al colectivo afectado donde la seguridad legal esté garantizada.
– Colaboración en la mejora de los estándares de calidad de los “servicios terapéuticos” de los CSC y de todas las entidades que ofrecen productos y servicios dentro del mercado dirigido a personas que buscan o utilizan cannabis medicinal.

 

Falta de información

La oferta de servicios y productos en el ámbito del cannabis medicinal va acompañada de una gran falta de información. Es esencial que cada paciente y sus cuidadores / as tenga conocimiento sobre los medicamentos que se toma (toxicidad, dosis, concentración, etc.). También, hay una falta de criterio uniforme en los profesionales de la salud y una falta de fiabilidad en información en Internet.

Para corregir esta situación, hay que avanzar hacia:

– Que las administraciones públicas difundan información científica sobre el cannabis terapéutico tanto a pacientes y personas interesadas como profesionales de la salud.
– Que las administraciones públicas pongan en marcha un programa de educación y formación sobre cannabis dirigido a profesionales de la salud.
– Asesoramiento sobre el consumo, información y reducción de riesgos dirigidos a personas que utilizan cannabis por motivos terapéuticos.
– Velar por una atención médica calificada y libre de prejuicios morales para personas que usan cannabis por motivos de salud.
– Llevar a cabo o impulsar estudios científicos sobre los tratamientos con cannabinoides y sobre modelos de acceso al cannabis.

 

Estigma asociado

Las personas que consumen cannabis por motivos de salud tienen, como mínimo, un doble estigma; primero, el asociado a la enfermedad y, segundo, por usar un medicamento que es ilegal. Enfrentan reproches como “delincuentes” y pueden recibir multas de parte de la policía o son tachados como “drogadictos” para tomar un remedio que mejora nuestra salud. El estigma por el hecho de consumir puede tener repercusiones en otros ámbitos como el familiar o laboral. hay algún subgrupo dentro del colectivo que puede vivir situaciones mucho más criticas, hablamos de las madres de niños que tienen algún tipo de epilepsia y que responden al tratamiento con cannabis o personas en instituciones cerradas como las prisiones o los centros de salud mental.

Para corregir esta situación, hay que avanzar hacia:

– Que la administración incorpore mensajes dirigidos 1) al colectivo y 2) a la sociedad en su conjunto para combatir el estigma asociado a las personas que se tratan con cannabis por motivos de salud.
– Espacios de asesoramiento / acompañamiento sociosanitario dirigido a personas o familias que utilizan cannabis por motivos terapéuticos.
– Conectar los representantes del colectivo a redes púlbliques donde las ongs trabajen
el estigma.

 

Economía

Lo normal en Cataluña es que el Estado ayude con costes de las medicaciones. En cuanto a los Clubes Sociales de Cannabis, aparte de los riesgos legales que los rodean nótese el coste de ser miembro y el coste del producto. El producto en un CSC es más caro que en el mercado ilícito. Los trabajadores de los CSC no suele estar formado debidamente para tener en cuenta los intereses de los pacientes. Además, no hay ningún sistema de control de calidad.

Para corregir esta situación, hay que avanzar hacia:

– Poner en marcha mecanismos para incidir en el control de calidad de los productos con cannabinoides.
– Monitorizar los productos que se ofrecen en el mercado del cannabis medicinal.
– Implementar medidas para reducir el oportunismo, el engaño y la estafa económica en personas vulnerables inherente a un mercado no regulado,
– Información y formación dirigida al colectivo de pacientes sobre cultivo de cannabis y la elaboración de productos basados ​​con cannabinoides.
– Asistencia económica en la obtención del producto.

 

Catalunya, territorio de innovación en materia de políticas de drogas

Una parte importante de los problemas que se derivan del “mundo de las drogas” vienen determinados no por las sustancias en sí sino por las políticas públicas involucradas. Cataluña, dentro del Estado español, ha sido referente (conjuntamente con Euskadi) en innovación en materia de políticas de drogas.

La prohibición de las drogas tiene una gran cantidad de efectos perniciosos, por ejemplo, castiga y criminaliza a las personas consumidoras, favorece su marginación y estigmatización haciendo más difícil que se dirijan a los recursos sanitarios, pone al consumidor en contacto con el criminal, promueve la creación, producción y comercialización de drogas más potentes, da lugar al desconocimiento sobre la pureza y la composición de un producto de consumo, promueve la delincuencia y la corrupción, alimenta la saturación y la inoperancia del sistema judicial y policial, dilapida recursos públicos, promueve la deshonestidad y la mentira, deja a los menores y los grupos más vulnerables desprotegidos, promueve la infrautilización del cannabis y otras drogas en contextos médicos, maximiza los riesgos sanitarios y, promulga una ciencia sesgada y la desinformación a través del sensacionalismo .

A inicios de la década de los 90, en un momento en que “la droga” era una de las principales preocupaciones de la sociedad española, en Cataluña, y gracias al liderazgo de las organizaciones no gubernamentales ya la permeabilidad del Departamento de Salud se pusieron en marcha programas de dispensación de metadona, intercambios de jeringas, salas de consumo asistido de drogas y muchas otras medidas de carácter comunitario que se han consolidado con el paso de los años y son hoy en día, un referente mundial. Estas políticas resultaron efectivas para reducir los problemas de salud pública en considerar a las poblaciones afectadas como enfermos y no como delincuentes. Que las políticas públicas pivoten sobre los derechos humanos y el respeto y no sobre el control y la represión resulta en una mejor salud colectiva.

En la década de los 2000 en Cataluña florecieron más Clubes Sociales de Cannabis (CSC) que en el resto del Estado español. En 2012, el Departamento de Salud inició un proceso de regulación de la actividad de los CSC a partir del paradigma de la reducción de riesgos y daños desarrollado 10 años atrás. El puente entre la administración pública y el movimiento cannábico fue considerar a las personas responsables de los CSC como aliadas en la tarea de reducir los riesgos asociados al consumo de cannabis y, al concebir las sedes físicas de los CSC como espacios privilegiados de contacto con la población consumidora *.

Las políticas de reducción de daños no son ser más que una tirita en una herida que sangra. Difícilmente van más allá de la inmediatez del momento y no llegan a incidir en las causas del problema que se quiere acercar. Ahora bien, por los colectivos afectados, es mucho más deseable poder contactar con estos servicios que seguir en la clandestinidad donde las lógicas del autoconsumo, el autocuidado y la responsabilidad están muy condicionadas por la vida en los márgenes sociales. Cuando la administración ofrece dignidad a los colectivos vulnerables la comunidad social en su conjunto mejora y la responsabilidad que pueden ejercer las personas consumidoras se incrementa

El Consejo de Ministros de España acordó pedir la suspensión de esta ley por invasión de competencias y el Tribunal Constitucional (TC) lo hizo en diciembre de 2017. El TC tenía varios recursos pendientes presentados por el Gobierno central contraleyes similares de Navarra, Cataluña y País Vasco. El 20 de diciembre resolvió el de Navarra, pero con un criterio que extiende la inconstitucionalidad a los otros dos casos

 

Riesgos asociados con los tratamientos con cannabis

El riesgo más inmediato que se puede considerar con relación a los tratamientos con cannabis y / o con productos basados ​​en cannabinoides es el riesgo de abuso. Actualmente hay en el mercado farmacéutico internacional y nacional algunos productos basados ​​en cannabinoides. Un estudio reciente analizando 900 casos de pacientes tratados con Nabiximol (Sativex), un medicamento que contiene un ratio 1: 1 de THC: CBD, en el Reino Unido, Alemania y España, no ha encontrado evidencias de adicción, abuso o mal uso, demostrando el perfil de seguridad satisfactorio de los tratamientos basados ​​en cannabinoides (Fernández, 2016). Con relación a los tratamientos con cannabis, los estudios publicados hasta la fecha evaluando las experiencias de programas de cannabis medicinal de países donde hay este tipo de programas tampoco muestran evidencias de abuso. Por ejemplo, para el caso de los Países Bajos, el primer país del mundo en implementar este tipo de programas, un estudio encontró que los pacientes holandeses consumen en promedio 0,68 gr. de cannabis, con una media de número de dispensaciones diarias de 6,43 y un promedio de días de uso por año de 251 días (Hazekamp y Heerdink, 2013). Estas cifras son sensiblemente inferiores a la media de uso de países donde este tipo de programas no existen, donde la cifra media es de 3 gr. diarios (Hazekamp et al., 2013).

Esta disparidad en las cifras podría explicarse por el hecho de que los programas gubernamentales de dispensación controlada de cannabis con fines terapéuticos permiten un uso más racional, probablemente debido a que se dispone de más información, asesoramiento, supervisión y seguimiento de los pacientes, lo cual les permite tener un mejor manejo del consumo de acuerdo con sus necesidades médicas (Hazekamp, ​​2015). Por otra parte, cada vez aumentan las evidencias sobre la potencial utilización del cannabis como sustitutivo de drogas más peligrosas en aquellos países donde hay programas de cannabis medicinal y, incluso un reciente estudio epidemiológico que analizaba datos desde 1999 ha encontrado que las muertes por sobredosis de opiáceos (un fenómeno que ya ha alcanzado la categoría de epidemia en Estados Unidos) han disminuido progresivamente con el tiempo en aquellos Estados donde se ha legalizado el cannabis medicinal (Bachhuber et al., 2014) . Del mismo modo, cada vez aparecen más estudios mostrando como los pacientes que hacen uso de cannabis medicinal reducen considerablemente el uso de otras medicaciones (principalmente hipnosedantes y analgésicos) (Corroon et al., 2017), con lo que ello supone de beneficio en su calidad de vida y en la reducción de problemas médicos derivados de interacciones medicamentosas. En último lugar, de acuerdo con la experiencia proveniente de otros países que cuentan con programas gubernamentales de cannabis medicinal:

– El mito sobre el aumento en el consumo indebido de cannabis como consecuencia directa de la habilitación de regímenes reguladores para el cannabis medicinal no se cumple, particularmente entre adolescentes entre los que la prevalencia del consumo se ha mantenido estable, en países como Estados Unidos (Hasina et al., 2015).
– El número de accidentes de tráfico a causa de intoxicación aguda por cannabis tampoco se ha incrementado sensiblemente en aquellas jurisdicciones donde se autoriza el consumo de preparaciones con THC o formas herbales de cannabis (Anderson et al., 2013).
– En número de muertes relacionadas al consumo de cannabis tampoco ha aumentado, y por contra, la supervivencia y calidad de vida de los pacientes ha aumentado (Bachhuber te al., 2014).
– El crimen tampoco se ha disparado, e incluso hay evidencia, en ciertos Estados de EE.UU. donde un programa de cannabis medicinal, que la tasa de crimen se redujo hasta un 5%
(Kepple et al., 2012).

 

Resumen/Conclusión

Las administraciones públicas catalanas así como una parte relevante de la sociedad civil organizada hace más de 15 años que intentan -sin mucho éxito- mejorar las condiciones de vida de las personas que utilizan cannabis por motivos de salud. En todo el mundo, cada vez hay más países que implementan programas públicos de acceso al cannabis medicinal. Por último, cada vez hay más evidencia científica sobre el potencial del cannabis y los cannabinoides para la mejora de la salud y la calidad de vida.

Ante esta situación, nos podemos resignar y esperar a que el gobierno de España haga un cambio que posibilite la puesta en marcha de un programa de cannabis medicinal. O, por el contrario, podemos explorar los márgenes de maniobra dentro del status quo con la ventaja de circular por un camino que ya ha sido transitado, intentando aprender de los errores del pasado.

Desde la Fundación ICEERS, conjuntamente con la Unión de Pacientes para la Regulación del Cannabis Medicinal proponemos tejer una estrategia que implique tanto a los actores como a las entidades y que consiga mejoras tangibles en las condiciones de vida del colectivo afectado. Nuestra propuesta es empezar por dos objetivos a corto plazo y, en este movimiento, sumar sensibilidades y alianzas que nos permitan apuntar más alto.

Inicialmente ofrecemos nuestra colaboración para que las administraciones públicas catalanas:

1) Difundan información científica sobre el cannabis terapéutico tanto a pacientes y personas
interesadas como profesionales de la salud.

2) Pongan en marcha un programa de educación y formación sobre cannabis medicinal dirigido a profesionales de la salud.

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